Puede que no sepan lo que quieren pero están empezando a conseguirlo

No hubo lanzamiento de piedras ni gases lacrimógenos pero el 9 de julio los educados manifestantes “indignados” se apuntaron una victoria.

Tras ser elegido como candidato del Partido Socialista a la presidencia del Gobierno en las próximas elecciones de marzo, Rubalcaba utilizó su discurso de aceptación para proponer una reforma electoral. Esto quizás no diga demasiado. Sin embargo, la propuesta de Rubalcaba para adoptar el modelo electoral alemán e instalar así una representación proporcional pero que permita a la población escoger a sus representantes locales significó una compensación hacia el movimiento que a mitad de mayo ocupó de forma espontánea las plazas de las ciudades reivindicando que los políticos “no nos representan”.

  

Este no es el único éxito de los “indignados”. Incluso mientras la policía acudía a las barricadas en el exterior del Parlamento el 21 de junio, los diputados pidieron de forma anónima un anteproyecto de Ley de Transparencia Pública muy retrasado. Una semana más tarde, el gobierno lo aprobó y anunció además nuevas limitaciones sobre las cantidades que los bancos pueden reclamar a los deudores de hipotecas. Ambas medidas surgieron tras la presión ejercida por el movimiento de protesta con mejor comportamiento de Europa.

Sin embargo, a menudo había más diputados dentro del Parlamento que manifestantes en el exterior. A veces, aparecían decenas de miles en las manifestaciones, otras veces, solo una docena escasa. Nadie puede culpar a los políticos españoles de no luchar por comprender el movimiento. Los indignados, que afirman no tener líderes, se muestran poco claros sobre lo que representan. Sus debates basados en asambleas que persiguen el consenso son extremadamente lentos. Manuel Chaves compara sus reuniones con las discusiones del Frente Popular de Judea en la película “la Vida de Brian” de los Monty Python.

Pero los políticos ignoran el peligro de los indignados. Hasta un 80% de los españoles confiesa apoyar a los formales jóvenes manifestantes. Incluso el aislado intervalo de violencia, el bloqueo del Parlamento catalán del 15 de junio, ha conseguido minar poco su popularidad. Su atractivo es un furor bien educado. Esto no es Atenas.

“No es realmente un movimiento”, afirma Josep Lobera, un encuestador. “Es un síntoma. Expresa un sentimiento general de preocupación y odio”. Los conservadores ponen por los suelos a los indignados como extremistas. Algunos ven a un grupo de izquierdas alrededor con el objeto de librar batalla contra un reformador gobierno de derechas del PP que, liderado por Mariano Rajoy, probablemente gane las próximas elecciones.

Ese análisis puede ser certero a juzgar por una reciente asamblea al aire libre sobre economía con una escasa docena de participantes ocupando los acerados de la madrileña Plaza del Carmen. Las ideas que discutieron incluían arremetidas contra una oscura cláusula del Tratado de Lisboa que evita a los bancos centrales ofrecer créditos baratos a los gobiernos y celebrar un referéndum sobre la mano de obra y la reforma de las pensiones. El reciente Pacto del Euro fue otro objetivo. Algunos contemplaron una huelga general. Por ahora, muy a la izquierda.

Pero si esto es extremismo ¿Por qué el apoyo de los indignados da un paso hacia atrás y el partido liderado por comunistas, IU, gana tan sólo el 4% de los votos? Una respuesta es que no solo la gente de izquierdas es la que está indignada. “Es cierto que hay mucha gente de la extrema izquierda pero también hay liberales económicos y de centro”, puntualiza Francisco Cañero, antiguo pequeño empresario y ahora activista. Lo que une al movimiento son las quejas, no las soluciones.

Los partidos políticos suponen una preocupación. Los españoles consideran a los políticos su tercer mayor problema, por detrás de la economía y el desempleo. Las encuestas muestran un amplio apoyo a la eliminación del estatuto de limitaciones sobre los casos de corrupción que envenenan la política regional y municipal. Pero los analistas señalan también un cambio en el ambiente. Las investigaciones judiciales sobre los asuntos fiscales de Emilio Botín, Director de Banco Santander, y el presunto fraude en la Sociedad Española de Autores, que hace campaña contra la piratería en Internet, ayudan a enardecer a los indignados. Bankinter, un banco minorista, ha respondido al furor por los embargos de viviendas introduciendo la primera hipoteca en España que se salda, al estilo americano, simplemente devolviendo las llaves.

Rubalcaba ha comenzado a atacar a los banqueros. Los acusa de prestar a quienes sabían que no podían devolver y amenaza con impuestos adicionales. Un cortés guiño, quizás, hacia una indignación educada, pero cargado de indicios populistas.

Traducción del artículo publicado el 14 de julio de 2011 en The Economist.