Una norma equilibradora

Llámenlo el comienzo de la revolución de Rajoy. Cuando el primer ministro español, José Luis Rodríguez Zapatero, se levantó ayer en el Congreso de los Diputados y anunció que era el momento de poner límites constitucionales al déficit presupuestario y a la deuda pública, estaba entonando la partitura política de su opositor conservador Mariano Rajoy.

Pero proponiendo tales medidas, cuando todavía pueden ser aceleradas a través del Congreso de los Diputados antes de que éste sea disuelto el 27 de septiembre, y con las elecciones generales del 20 de noviembre a la vuelta de la esquina, Zapatero está, a su vez, cortándole las alas a Rajoy. El líder del PP lleva mucho tiempo defendiendo los límites de la deuda. Es mérito suyo el hecho de no tratar de retrasar su medida estrella antes de llegar al gobierno en noviembre (como sugieren todas las encuestas de opinión).

Sin embargo, Zapatero merece un aplauso por responder tan rápidamente a la sugerencia de Merkel y Sarkozy de la semana pasada en la que declaraban que los países de la Eurozona deberían introducir límites legales al déficit. Los españoles han visto por fin actuar juntos en asuntos de economía a sus dos principales partidos políticos.

Zapatero, consciente de que la reforma constitucional necesita una mayoría en el Congreso que sólo pueden conseguir los dos partidos mayoritarios, llamó por teléfono al líder de la oposición antes de su anuncio de ayer. Rajoy no desaprovechó la oportunidad ayer en el Congreso para recordarle al presidente del gobierno que él tuvo la idea primero.

En realidad, Zapatero y sus ministros desdeñaron repetidamente en el pasado la idea de implantar límites al deficit a través de la Constitución. Un socialista que encontrará especialmente incómodo este cambio radical es Alfredo Pérez Rubalcaba, quien sustituye a Zapatero como candidato del partido a la presidencia del gobierno en las elecciones de noviembre. Rubalcaba ha manifestado anteriormente su oposición a los límites legales de la deuda por lo que es de esperar se le recuerde durante la campaña electoral.

Politiqueos aparte, las propuestas de Zapatero, en caso de ser aprobadas, supondrán un paso importante para España. La Constitución de 1978, introducida tres años después de la muerte de Franco, sólo ha sido modificada en una ocasión con objeto de incorporar un Tratado que concedía el derecho a los residentes de otros estados de la Unión Europea a presentarse como candidatos a los ayuntamientos españoles. Los cambios constitucionales propuestos, como el de la función del Senado o el de la Ley Sálica, han sido pospuestos en repetidas ocasiones por ser demasiado espinosos.

Pero el gran giro final de la era Zapatero podría establecerse dentro de tres semanas, suponiendo que los dos grandes partidos acuerden un texto en los próximos días. Es sólo un recordatorio de cuan rápida y profundamente puede cambiar España cuando los dos partidos principales se ponen de acuerdo.

Sin embargo, ésto no significa nada a corto plazo. Los informes de los periódicos indican que la nueva norma no está prevista que entre en vigor antes de 2018. Elena Salgado hizo hincapié ayer en que el gobierno se encuentra salvando el escollo de sus planes inmediatos de reducción del déficit. Está tratando de reducir la brecha del déficit a un 6% del PIB este año (de 9,2% en 2010) y a un 4,4% en 2012.

El cumplimiento de estos objetivos se hace más difícil debido a la lenta recuperación de España. La predicción del gobierno de que la economía crecería un 1,3% este año está empezando a parecer ambiciosa.

No cabe duda de que los nuevos planes envían a los mercados un mensaje acerca del compromiso con la reforma por parte de España. Pero no resuelven los problemas del país a corto plazo, como descubrirá Rajoy cuando ocupe el ardiente sillón presidencial.

Traducción del artículo publicado el 24 de agosto de 2011 en The Economist.