El juez estrella español Baltasar Garzón llegó a pie a su ejecución en el primer día del proceso. Los juicios, que persiguen poner fin a su ilustre carrera, se han celebrado esta semana en Madrid ante el Tribunal Supremo. Garzón se hizo famoso por su tenaz persecución a dictadores e infractores de crímenes contra la humanidad de todo el mundo. Pero ahora es él el que se enfrenta a un juicio por haber tratado de desenterrar los secretos más oscuros de los poderosos de su propio país. Ahora debe pagar el precio.
Como en Alemania, la peor acusación que puede dirigirse contra un juez es la de "tergiversación de la justicia." Este magistrado, cuya vanidad es comparable a su éxito, es acusado de haber cometido "tergiversación prolongada de la justicia" mediante el uso de métodos controvertidos en sus esfuerzos por arrojar luz sobre un escándalo de corrupción que envuelve a la clase política española desde hace años. Tiene conversaciones grabadas en secreto entre los sospechosos – se cree que pertenecen a una red de corrupción - y sus abogados. En España, como en cualquier otro sitio, tal violación de los derechos sólo es permitida en casos extremos.
Las víctimas de estas grabaciones secretas han contraatacado presentando una denuncia conjunta contra Garzón. Y tienen amigos poderosos. De hecho, entre los acusados en el escándalo de los sobornos se encuentran algunos de los altos cargos del Partido Popular, cuyo líder, Mariano Rajoy, se convirtió en primer ministro del país a finales de diciembre. El principal sospechoso en el caso es Francisco Correa. Los investigadores lo llamaron “caso Gürtel", traducción al alemán del apellido de éste.
Los abogados de los demandantes emplearon una disposición especial de la ley procesal española para presentar una denuncia "de la sociedad", lo que permitió que el recurso contra Garzón siguiera adelante. Por otra parte, la Oficina Fiscal considera que ninguna de las acciones de Garzón justifica el enjuiciamiento penal y ha abogado por su absolución.
"El perverso mundo de España”
El martes, el primer día del juicio oral contra Garzón ante el Tribunal Supremo, sus seguidores le dieron la bienvenida a las 10 frente al edificio del Tribunal Supremo en Madrid con pancartas, aplausos y cánticos tales como: "El mundo perverso de España en el que los corruptos y fascistas permiten llevar a juicio a un juez".
Garzón entró después en la sala ostentosamente adornada, la misma en la que participó en varios casos importantes. Allí se encontró con sus colegas de la puerta de al lado, la de la Audiencia Nacional, que llegaron para transmitirle su apoyo. Durante casi 23 años, Garzón ha servido como juez de instrucción de la Audiencia Nacional en casos contra terroristas, narcotraficantes y crimen organizado. Sin embargo, en mayo de 2010, fue suspendido de su cargo de forma indefinida.
El martes por la tarde, el juez más conocido de España se vio obligado a dejar a un lado la túnica negra de juez con las puñetas de encaje blanco que llevó al proceso y que se le había permitido llevar durante el juicio de la mañana. También se vio obligado a abandonar la silla de terciopelo de color vino tinto que había ocupado junto a su abogado defensor. De pie, frente a los siete jueces que llevan su caso, se le pidió que dijera su nombre y edad. Luego, durante dos horas y media, se vio en la embarazosa situación de sentarse en la silla reservada a los acusados para responder preguntas. Comparó la sensación con la de ser llevado a un pelotón de fusilamiento. Como explicó posteriormente a sus familiares con un poco de humor negro, "le pedí a alguien que me quitara la venda de los ojos para poder mirar hacia adelante".
Si el Tribunal Supremo falla del lado de los que presentaron la denuncia, podría ser el final de la carrera de Garzón al enfrentarse a una sentencia máxima de 17 años alejado de los banquillos.
Pero, en caso de ser absuelto, las posibilidades de que alguna vez vuelva a poder dar caza a delincuentes desde su oficina en la quinta sala de la Audiencia Nacional son escasas. De hecho, este juicio es tan sólo una precuela del proceso que hay en su contra. Este comenzará el martes próximo en las salas del Tribunal Supremo con sede en el antiguo convento conocido como Palacio de las Salesas.
Una sucesión de procesos
Esta sucesión de procesos ha llevado a Gaspar Llamazares a declarar que es el objetivo de un bombardeo con bombas de racimo. Durante la demostración de apoyo a Garzón fuera del Tribunal, Llamazares dijo: "Si no lo consiguen por lo primero, lo tumbarán por lo siguiente".
En el segundo caso, Garzón vuelve a ser acusado de tergiversar la justicia al responder a las denuncias de los familiares de las víctimas mediante una investigación de lo sucedido a los cerca de 114.000 opositores que desaparecieron durante la dictadura del general Francisco Franco, que gobernó España desde 1936 hasta su muerte en el año 1975. Luciano Varela, el magistrado del Tribunal Supremo que encabeza el caso contra Garzón, lo acusa de "ignorar de forma inexcusable" la Ley de Amnistía de 1977, que perdona todos los crímenes políticos cometidos durante la dictadura franquista.
Varela es uno de los siete jueces que juzgarán a Garzón por el caso de las escuchas telefónicas. Además, otro de los siete jueces está llevando otra investigación contra Garzón. Es sospechoso de corrupción por aceptar supuestamente dinero de Banco Santander, el mayor banco de España, en forma de comisiones por los seminarios que impartió en la Universidad de Nueva York.
Reed Brody, abogado y portavoz de Human Rights Watch en Bruselas, dice que es una "amarga ironía" que Garzón "esté siendo procesado por tratar de aplicar en su país los mismos principios que logró promover con éxito en el ámbito internacional". De hecho, los colegas extranjeros de Garzón lo recuerdan como un representante de la conciencia global, ya que emitió una orden internacional que llevó a la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet en 1998. Fue el primer caso en que se aplicó el principio de jurisdicción universal a crímenes contra los derechos humanos. Luis Moreno Ocampo, fiscal supremo de la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, apunta que el caso fue "revolucionario" por lo que respecta al fin de la exención de responsabilidad penal.
Con sus investigaciones sobre los líderes de la junta argentina, Garzón ayudó a poner fin a las leyes de amnistía argentinas que protegían a los militares que habían cometido crímenes contra la humanidad. Más recientemente, ha alimentado la ira de muchos en Estados Unidos por intentar llamar a declarar al presidente de EE.UU. George W. Bush y a seis de sus consejeros sobre las técnicas de interrogatorio abusivas practicadas en el campo de prisioneros de Guantánamo. Documentos difundidos por la plataforma de denuncia de irregularidades WikiLeaks han revelado que oficiales de la embajada de EE.UU. llevaron a cabo repetidos intentos para conseguir que las autoridades españolas frenaran las investigaciones del magistrado.
La ruptura de un tabú
Sin embargo, el fiscal supremo de la Corte Penal Internacional de La Haya Ocampo, insiste en que el mundo necesita jueces como Garzón, valientes a la hora de enfrentarse a los poderosos de todo el mundo. Después de que Garzón se viera obligado a dejar libre su oficina en la fea estructura situada en el corazón de la capital de España, Ocampo lo contrató para trabajar en la Corte Penal Internacional como asesor sobre asuntos de Latinoamérica. Irónicamente, éste ha sido el puesto que ha llevado a tres organizaciones franquistas de ultraderecha, incluida la abiertamente fascista Falange Española de las JONS, a dirigir acusaciones penales contra Garzón.
Las acusaciones resultaron de la decisión de Garzón de romper un tabú - y el pacto tácito de todos los partidos en lo que respecta a la Guerra Civil española y la dictadura franquista. Optó por ignorar la Ley de Amnistía española de 1977 en favor del derecho internacional - y permitir las investigaciones sobre las decenas de miles de opositores a Franco desaparecidos.
Sin embargo, la caza de brujas contra Garzón sólo consiguió ir en serio hace dos años, al hacerse públicas las actividades ilegales relacionadas con la financiación del Partido Popular. En aquel momento, incluso los jueces de reputación progresista vieron una oportunidad para deshacerse finalmente de Garzón ya que también se había labrado una figura impopular de sí mismo entre los socialistas al otro lado de la frontera política. A mediados de la década de los 90 dirigió una serie de investigaciones que descubrieron que los altos funcionarios del Ministerio del Interior del gobierno socialista de Felipe González (1982-1996) organizaron escuadrones de la muerte contra ETA, la banda terrorista independentista vasca.
De hecho, al buscarse enfrentamientos con personalidades de todo el espectro político, el entusiasta magistrado investigador se ha ganado el apodo de "el príncipe", un guiño poco lisonjero al carácter despiadado e intrigante de Maquiavelo, y ha alimentado la envidia de muchos.
Evitad enfrentamientos con los poderosos
A los ojos de los partidarios de Garzón, el Tribunal Supremo español ha seguido adelante con el caso de las escuchas telefónicas para no exponerse a las críticas internacionales. De hecho, podría ser la primera vez que un juez de instrucción es juzgado ante el Tribunal Supremo por ordenar actividades de vigilancia potencialmente ilegales.
Al hablar en su propia defensa esta semana, Garzón se expresó con voz ronca y áspera provocada por una gripe. En repetidas ocasiones afirmó que había ordenado la intervención telefónica de los líderes de una "organización criminal" porque "no existía otra posibilidad" para impedir que continuaran con sus actividades de blanqueo de dinero desde el interior de sus celdas. También añadió que los funcionarios que recibieron el encargo especial de la Oficina Fiscal para investigar la corrupción y la mala conducta policial le dijeron que los abogados de los presos estaban jugando "un papel clave" en estas actividades. "Yo nunca ordené escuchar a los letrados sino a los presos que estaban siendo investigados", afirmó Garzón. En el segundo día del proceso, los testigos incluso confirmaron que Garzón dio instrucciones para que las partes de las conversaciones que trataban sobre estrategias de defensa en las transcripciones de las cintas fueran redactadas.
El jueves, Garzón pronunció su alegato final y proclamó su inocencia. Los jueces emitirán su veredicto en las próximas semanas. Casi nadie cree que los jueces del Tribunal Supremo se conformarán con haber obligado al magistrado a pasar por la humillante prueba de sentarse en el banquillo de los acusados.
En cuanto al caso Gürtel, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia de la democracia en España, nadie ha sido condenado. El juicio a Garzón, el juez estrella, podría ser una advertencia a sus colegas: evitad enfrentamientos con los poderosos.
Human Rights Watch: "El proceso contra Garzón supone una amenaza para los derechos humanos".
Informe semanal: Juicio a Garzón
Traducción del artículo publicado el 20 de enero de 2012 en Spiegel Online.
1 comentarios:
El debate se centra en dilucidar si en este juicio la "Razón de Estado" (el fin justifica los medios) que usó Garzón para "intentar coger a los delincuentes del caso Gurtel" (escuchas telefónicas) no puede ser aceptada porque, según esgrimen otros, debe prevalecer el Estado de Derecho. En todo caso, a un profano como yo le resulta incomprensible que la JUSTICIA funcione con unos mecanismos que impiden hacer justicia y castigar a los delincuentes. ¿Es razonable que el Estado de Derecho favorezca a los delincuentes?
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